El brutal crimen de tres adolescentes por parte de una banda narco se transformó en un hecho político nacional, que provocó movilizaciones multitudinarias y el repudio de la inmensa mayoría de la población.
El enfrentamiento a acciones como esta deben ser tomado en sus manos por el conjunto de los trabajadores y el pueblo. Es necesario que las organizaciones obreras, populares, juveniles, estudiantiles, hagan propia la lucha cotidiana contra el narcotráfico y sus crímenes.
No se puede admitir que se naturalicen atrocidades como este hecho, tan comunes en otros países.
Menos aún admitir que la conducta de las niñas puede justificar en ninguna medida estos actos. Sabemos que la miseria y la degradación social han empujado a decenas de miles de jóvenes al crimen, el robo, la prostitución y la ubicación como “soldaditos” del narcotráfico, organizados como grandes negocios con la complicidad de las autoridades políticas, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Ninguna actitud de esos jóvenes puede justificar algo así.
Nadie cree que semejante atrocidad haya sido ideada y organizada por el famoso “Pequeño J”. Sin dejar de lado su responsabilidad criminal, que debe ser condenada, es preciso ir hacia arriba en la cadena del narco, llegando a los verdaderos responsables: los grandes traficantes y productores, asociados al poder político.
Este verdadero femicidio, un asesinato de niñas que fueron empujadas a la prostitución y al submundo del crimen, debe tener un castigo ejemplar, que no se limite a un grupito, sino al conjunto de la banda. Y la erradicación del narcotráfico.
Las drogas son un negocio capitalista
La droga, junto a la trata y la venta ilegal de armas, son grandes negocios capitalistas. Su carácter ilegal le otorga inmensos márgenes de ganancia, superiores a otros negocios. Por eso, la asociación del sistema financiero mundial a estos crímenes es conocido.
A nivel global, según las Naciones Unidas, el tráfico de drogas genera un volumen que ronda entre 400 y 600.000 millones de dólares al año, equivalente al 10% del comercio global.
En Argentina, el último estudio sobre esta cuestión data de 2017 y afirmaba que se manejaban unos USD 1110 millones; de la cifra total, 500 millones correspondían al negocio de la marihuana y 218 millones al de la cocaína. Todos estos datos son estimativos, por el carácter ilegal del negocio. Seguramente sea mucho más.
Sobre sus ligazones al poder político, es claro en países como Colombia o México. Pero en Argentina es similar, tal como lo acaba de desnudar el caso que obligó a Espert a renunciar a su candidatura.
Esta es la razón de fondo por la cual ningún gobierno capitalista es capaz de enfrentar seriamente el flagelo.
Proponemos la estatización de toda la industria farmacéutica bajo control de los trabajadores y organizaciones populares, y el monopolio estatal de todo uso de drogas, para terminar con el crimen organizado. Pero eso solo puede ocurrir con la expropiación completa de toda la burguesía.
El caso de China es muy ilustrativo. China vivió por siglos bajo el flagelo del opio. Solo la revolución encabezada por Mao Tzedong en 1949 -más allá de nuestras diferencias con el comunismo chino- logró terminar con el opio en ese país.
La demostración de lo que decimos es que, con la vuelta del capitalismo en China, a partir de 1978, volvió el uso y tráfico de narcóticos.
Por eso, la solución de la realidad que lleva a este tipo de crímenes no puede estar desligada de una política para cambiar el carácter del Estado, la destrucción del Estado capitalista, porque la responsabilidad última es del capitalismo.
No es casual que el país con más problemas sea Estados Unidos, el país más capitalista. La propia DEA, que se supone combate al narcotráfico, es en realidad el más grande cartel mafioso del mundo, cuya única finalidad es quitar el negocio a las pandillas de países dependientes, para que se lo apropien capitalistas estadounidenses.
Los bombardeos de la IV Flota sobre traficantes venezolanos, tiene este objetivo además de desgastar a Maduro.
¿La familia es responsable?
Hay quienes trasladan la responsabilidad a los familiares de las pibas. Es probable que fueran beneficiarios de las actividades de ellas. Pero eso no los hace responsables del crimen, ni se puede deslindar la responsabilidad del Estado -tanto provincial como nacional- en el caso.
En última instancia, y más allá del rechazo que provocan familias que aceptan o promueven estas actividades de sus hijas e hijos, no se puede obviar que es un problema subproducto de la degradación social operada en nuestro país en los últimos 40-50 años, la desocupación estructural, los bajos salarios, el abandono de los sectores marginados, la crisis del sistema educativo.
Por eso, señalar a las familias como responsables es ocultar a los verdaderos culpables.
¿Qué hacemos mientras tanto?
A la vez que debemos luchar ante cada caso como este hasta el final, a la vez que luchamos para cambiar la realidad social de la única forma posible, con una revolución que termine con el capitalismo, es necesario luchar contra el narco en cada barrio, cada fábrica, cada escuela.
Por un lado reclamar la legalización de la marihuana y otras sustancias que no resulten en graves daños a la salud, y ponerla bajo control estatal, al igual que se hace hoy con el consumo de alcohol, no menos dañino.
Por otro, organizar comités de lucha contra el narcotráfico y las bandas, para erradicarlas. Tenemos que lograr que el narcomenudeo sea un mal negocio, y perjudique a quienes intenten realizarlo. Hace pocos años, en Rosario, grupos de madres armadas con escobas, acompañadas por vecinos trabajadores, identificaron varias sedes de tráfico y las incendiaron, echándolos del barrio.
Hicieron lo que la propia policía no hace ni hará nunca, porque es parte de sus mecanismos corruptos.
Es necesario que multipliquemos estos comités, que participen todas y todos, tengan o no hijos bajo riesgo. Si lo hacemos de manera masiva, colectiva, no hay bandas que puedan existir. Es preciso, como parte de todas las luchas obreras y populares por nuestras reivindicaciones y por un plan económico obrero y popular, enfrentar de manera física a las bandas y sus cómplices estatales.
Que esos comités tengan control democrático de los trabajadores y su familias, sean independientes de la policía, y tengan el derecho a portar armas para enfrentar a las bandas. Será la forma de enfrentar a los “Pequeños J” y a quienes los mandan.
