El 15/10 a la marcha por el financiamiento educativo y la derogación de todo el decreto 70/23
En un fallo a la medida del plan de Trump y de Milei, la Corte Suprema repuso un artículo del DNU 70/23 que anulaba la anterior ley de Tierras. Es la norma que el gobierno no pudo modificar en el Senado por la lucha popular. El artículo había sido declarado inconstitucional por la Cámara Federal de La Plata, atendiendo a un reclamo de un ex combatiente de Malvinas. La Corte consideró que este reclamo no tiene “legitimidad”. ¿Cómo que un trabajador que combatió en Malvinas no puede reclamar contra la extranjerización de las tierras? Con esta bronca nos movilizamos el martes 6/10 para repudiar a estos “jueces supremos” -los verdaderos ilegítimos- y seguir la lucha por la derogación de todo el DNU de Milei, que debatirá el Congreso el 15/10, mismo día de la quinta marcha universitaria por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Educativo y aumentos salariales a docentes y no docentes. Y contra el Presupuesto 2027 al servicio de Trump y el FMI.
La CGT y las vertientes peronistas se siguen negando a convocar a un paro general con movilización. Garantizan la gobernabilidad de Milei. Donde gobiernan aplican su plan. Y nos convocan junto con el Papa León XIV a una alianza con sectores empresarios que -pese a sus quejas sobre importaciones y menor demanda- se benefician de la “modernización laboral” más esclavista, para sostener sus ganancias.
Por eso la solidaridad y coordinación por abajo es fundamental para unir -con la perspectiva de la huelga general- contra los despidos y desalojos, por aumentos sustanciales de salarios, contra la contaminación ambiental, etc.
Organicemos asambleas masivas, elijamos y mandatemos delegados/as para resolver en los Congresos y Plenarios sindicales pelear por:
Jornadas de 6 horas, 5 días semanales, garantizando trabajo para todos/as y un salario mínimo que cubra la canasta familiar.
Ocupar toda empresa que cierra o despide para vaciar; embargo de sus dueños y puesta a producir con garantía estatal y bajo control de sus trabajadores/as.
No pagar deuda fraudulenta al FMI y demás buitres -ya recontrapagadas-, y destinar esos fondos a obras públicas (escuelas, hospitales, etc,).
Estatizar la banca y el comercio exterior, bajo control de sus trabajadores/as, para impedir otra vía de escape de reservas, reducir las importaciones a lo mínimo indispensable y asegurar el consumo obrero y popular antes de exportar.
Estatizar sin pago y bajo control de sus trabajadores/as las empresas de servicios, energía y transporte, para impedir los tarifazos y dejar de subsidiar las ganancias privadas. Y las empresas que se nieguen a pagar altos derechos de exportación e impuestos a sus lucros.
Estas medidas -que pondrían en manos de quienes trabajamos los principales medios de producción y de cambio del país- nos liberarían socialmente como clase explotada, obligada -por no poseerlos- a vender por salarios de pobreza nuestra fuerza de trabajo.
Y a su vez realmente apuntan a una Segunda Independencia del país porque las decisiones políticas no serán de las casas matrices de las multinacionales, adonde van a “rendir cuentas” los candidatos. Estarán en manos de la única clase social que produce y mueve la riqueza, interesada en cuidar la naturaleza de donde la extraemos y en donde vivimos. Medidas de liberación nacional y social de un gobierno socialista revolucionario.
