A pesar de las múltiples movilizaciones del pueblo mendocino, de la organización contra la megaminería y en defensa del agua, el gobierno se salió con la suya y finalmente por veintinueve votos a favor, seis en contra y una abstención fue aprobado por la legislatura mendocina el tan temido proyecto de la empresa PSJ Cobre mendocino (proyecto San Jorge). Combatido por más de una década de discusiones en Uspallata (departamento de Las Heras), tras diez días de audiencias y nueve mil quinientos aportes ciudadanos, nada fue suficiente para frenar la embestida extraccionista. El codicioso proyecto amenaza con destruir el medioambiente, y contaminar el agua que tanto necesita la provincia para vivir.
Este proyecto promete una inversión millonaria en dólares, trabajo, uso responsable del agua y no utilizar sustancias prohibidas. La historia contradice estas promesas porque la experiencia de las provincias que pasaron por esto terminaron o están en procesos irreversibles de contaminación del agua. Y el trabajo prometido se termina no bien pasa el periodo de construcción que dura aproximadamente de diez y ocho a veinticuatro meses y después destrucción, pobreza y contaminación.
La lucha del pueblo mendocino, memorable, de una caravana de dos días recorriendo cien kilómetros para llegar a la legislatura, con paradas y recibimiento de apoyo en todo el camino; la reunión en la Plaza del Agua con la consigna “el agua de Mendoza no se negocia” y las grandes movilizaciones: hitos contra el gobierno provincial de Cornejo que -en consonancia con Milei- está dispuesto a entregar las riquezas naturales como manda el imperialismo.
Las asambleas ambientalistas anuncian nuevas movilizaciones. Necesitamos sacar conclusiones para preparar mejor las próximas batallas. Quedó demostrado que nada debemos esperar de instituciones como la legislatura. Tampoco de los “recursos de amparo” en la Justicia. No alcanza con marchar pacíficamente creyendo que senadores, diputados, funcionarios de los demás poderes del estado “escucharán” la expresión popular en las calles. Organizar la masividad para impedir con medidas de fuerza que ejecuten las obras “legalizadas” pero ilegítimas, es el desafío presente.
Gladys.H
